Cofece va contra industria farmacéutica; denuncia caso Nadro ante PGR

19 de oct. (Sentido Común) -- La Comisión Federal de Competencia Económica, el organismo encargado de vigilar el buen desempeño de los mercados en México, abrió una investigación por prácticas monopólicas en todos los eslabones de la cadena productiva de la industria farmacéutica, una medida que pone bajo la lupa el accionar de todo ese sector y no solo, como hasta ahora, de algunas de sus partes.

     El inicio de la investigación incluyó además la primera denuncia por parte de la entidad, mejor conocida como Cofece, ante la Procuraduría General de la República (PGR), por el aparente engaño que realizó el fondo de inversión holandés Moench Coöperatief, vinculado a la distribuidora de medicamentos Nadro, cuando adquirió a la empresa Grupo Comercial e Industrial Marzam.

     El fondo holandés a mediados del año pasado compró un interés mayoritario en Marzam a Ganomma Lab por más de 80 millones de dólares. En esa transacción, Bank of America Merryll Lynch fungió como asesor financiero y Ernst & Young actuó como consejero legal.

     Las autoridades autorizaron esa adquisición sin saber que Nadro, rival de Marzam en el mercado de distribución de medicamentos, estaba detrás del fondo holandés, algo que supieron más tarde tras la filtración masiva de documentos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, que se conoció como The Panama Papers.

     De acuerdo con esos documentos, que en México difundió el portal AristeguiNoticias, el cual formó parte de más de 100 medios de comunicación internacionales que divulgaron la información sobre la creación de vehículos financieros en paraísos fiscales, Nadro estaba involucrada, a través de la esposa de su presidente y director general Pablo Escandón, en la inversión del fondo holandés en Marzam.

     Ante esas revelaciones, la Comisión tiene la hipótesis de que las empresas involucradas en la transacción no reportaron toda la información que debieron revelar cuando presentaron la solicitud de aprobación para la adquisición hace un año.

     Cofece notificó incluso, a mediados de junio, a Marina Matarazzo, la esposa de Escandón, así como a Luis Doporto Alejandre, del despacho Doporto & Asociados, quien fue presuntamente un asesor en la transacción, por las sospechas que ahora tiene en torno a esa operación.

     Tenemos la hipótesis de “que no hicieron del conocimiento de esta autoridad hechos que debieron de haberse hecho públicos para el análisis de esa transacción en particular”, dijo Alejandra Palacios, la comisionada presidente de Cofece, en la conferencia en que la entidad anunció el inicio de la investigación sobre la industria farmacéutica. “Sobre eso es que estamos haciendo en la Comisión algunos procedimientos para verificar el cumplimiento de la ley, más la denuncia ante PGR”.

     Cofece agregó que esa transacción, autorizada en octubre de 2015, no ha sido revertida hasta ahora, pero dijo que la denuncia fue formulada en mayo y se encuentra en etapa de averiguación previa en PGR, al mismo tiempo en que ellos se encuentran indagando las posibles irregularidades.

     La dependencia declinó comentar si la transacción puede ser revertida en el futuro o cuáles serían las sanciones para los involucrados en este caso, si llegasen las autoridades a comprobar las supuestas irregularidades.

     Nadro y Marzam cuentan con más de la mitad de participación en el mercado de distribución de medicamentos en México, con más de 25 mil farmacias, diversos hospitales, tiendas de autoservicio y conveniencia, de acuerdo con Unefarm, la asociación que agrupa diversas farmacias independientes del país.

Además del caso particular de Nadro, Cofece también dijo que tiene sospechas de que existen conductas irregulares en toda la cadena de producción, comercialización y distribución de medicamentos, por lo que está ya buscando comprobarlas para sancionar esas conductas.

La autoridad piensa que las prácticas irregulares pudieron tener como objetivo manipular los precios, influir en la oferta o la demanda de medicamentos, dividir los mercados, coordinar posturas en licitaciones públicas o privadas, e intercambiar información para influir en estos procesos.

“La autoridad investigadora cuenta con indicios que le hacen presumir estas conductas en diferentes niveles de la cadena productiva de medicamentos”, dijo Carlos Mena, el titular de la autoridad investigadora de Cofece, también en la conferencia sobre el inicio de la indagación.

Así, con el inicio de la investigación, la entidad comienza por primera vez una indagatoria sobre las transacciones que realizan entre ellas empresa farmacéuticas privadas en México.

Si bien hace unos años sancionó algunas empresas por coludirse en licitaciones públicas de medicamentos, convocadas por el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), hasta ahora Cofece no había decidido revisar operaciones por colusión o manipulación de mercados de empresas privadas de la industria farmacéutica, algo que pudo afectar al alza los precios que pagan los consumidores por su medicinas en el país.

Cofece dijo que los mayores incrementos que han registrado los precios de los medicamentos en el periodo 2010-2016 explican en parte su decisión de iniciar la investigación. De acuerdo a las autoridades, en ese lapso el índice de precios de las medicinas registró un avance 10.4% superior al del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Además, la entidad estima que en 2014 los hogares con más bajos recursos destinaron 42% de sus ingresos a la compra de medicinas, un porcentaje que afecta el bienestar de los grupos más necesitados del país y que también genera sospechas de conductas indebidas entre quienes combaten las prácticas monopólicas.

En caso de encontrar esas prácticas ilícitas, Cofece dijo que las empresas se harían acreedoras a multas con un valor de hasta 10% de sus ingresos, mientras que para los coadyuvantes podrían imponerse sanciones económicas por el equivalente a aproximadamente 13 millones de pesos (700 mil dólares).

Para las personas involucradas directamente, Cofece dijo que se podrían imponer multas e inhabilitaciones para ejercer cargos de dirección hasta por cinco años, e incluso 10 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal Federal, agregó Mena.

La autoridad también dijo que aquellas empresas y ejecutivos que pudieran haber participado en esas prácticas ilegales, pero que decidan reconocerlas y acogerse al programa de inmunidad, podrían ver reducir las sanciones a las que actualmente pueden ser acreedoras si se comprueban esas conductas.

Cofece cuenta con un periodo de 120 días hábiles a partir del 19 de mayo, cuando inició la indagación, para determinar si llama a empresas y ejecutivos involucrados en el caso a un proceso en forma de juicio ante el pleno. Esa fecha puede prorrogada en cuatro ocasiones por un mismo lapso de tiempo.