2 de may. (Dow Jones) -- Hace un año, Enrique Peña Nieto, el presidente de México, motivado por los alegatos de conflicto de intereses relacionados con la compra de casas de lujo de su propia familia, aprobó una ley anti-sobornos ante una audiencia atestada en el Palacio Nacional de México y prometió un "firme compromiso" para luchar contra la corrupción. Un año más tarde, las leyes secundarias que permitirían poner en práctica dicha legislación siguen languideciendo en el Congreso.

Después de liderar con éxito las reformas de energía y educación a principios de su periodo presidencial, Peña Nieto prácticamente se ha quedado mudo en las últimas semanas ante las acusaciones de que su propio partido está tratando de suavizar las leyes contra la corrupción en el Congreso.

"Hay resistencia, sin lugar a dudas", dijo Edna Jaime, quien dirige México Evalúa, una organización que propuso algunas de las iniciativas legislativas. "No hay liderazgo presidencial que promueva esta reforma".

Debido a la finalización de la sesión legislativa de la semana pasada, el proyecto de ley bien pudiera no ser aprobado tal y como está establecido en su programa original, a menos que los legisladores entren en un periodo extraordinario de sesiones. Los retrasos en este proceso han irritado a grupos de ciudadanos que reunieron más de medio millón de firmas y que les permitió llevar sus propuestas al Congreso por primera vez en México.

La tasa de aprobación del desempeño de Peña Nieto se ha desplomado desde los escándalos que sacudieron su administración, cayendo hasta un mínimo 30% en una encuesta reciente.

 

Intereses creados

"Es obvio que no está poniendo el mismo empeño en esto que el que puso para que se aprobaran algunas de sus reformas económicas", dijo Jorge Chabat, analista político del Centro de Investigación y Docencia Económicas, una universidad con sede en la Ciudad de México. "No quiere ir en contra de los intereses creados en su propio partido que se oponen a esta legislación".

Peña Nieto respeta el proceso en el Congreso y su independencia de su administración, dijo la oficina de prensa del presidente en una respuesta por correo electrónico a preguntas.

Algunos miembros de la coalición liderada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) atacaron varios estatutos presentados por los grupos de ciudadanos, como la concesión de incentivos monetarios a los denunciantes.

Otros, que les darían autonomía a los fiscales anticorrupción --un cambio que en Brasil marcó el comienzo de una reciente ofensiva contra los políticos-- no han avanzado en ocho meses de debate.

En lugar de eso, el partido de Peña Nieto ha propuesto artículos como condonar la malversación de fondos del Estado, si no se hizo de manera intencional y se devuelve el dinero a las arcas del país.

"Por un lado, en algunos sectores del Congreso se están utilizando excusas para aminorar el alcance de las propuestas", dijo Marco Fernández, profesor de la escuela de gobierno el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, en referencia al PRI. "Por el otro, están siendo negligentes al estancar el desarrollo del proceso".

Fernández también dijo que el PRI ha tratado de limitar lo que los funcionarios deberían de declarar públicamente, como automóviles, joyas y el tamaño de sus cuentas bancarias.

 

Ganancia política

Los legisladores de oposición se han unido para respaldar las leyes secundarias, pero están exigiendo que todas sean debatidas para evitar que alguno de sus artículos se pierda en el teje y maneje legislativo.

La oposición está creando la apariencia de que el partido de gobierno está obstaculizando los esfuerzos de la lucha contra la corrupción con el fin de ganar puntos en las próximas elecciones para gobernador en junio, dijo el senador Carlos Puente, líder en el Senado por el Partido Verde, aliado de PRI.

Puente sostuvo en una entrevista que la divulgación de información de las cuentas bancarias podría suponer un riesgo de seguridad para los políticos, mientras que los incentivos para los denunciantes aumentaría el número de falsas acusaciones.

Después de las reformas para abrir el sector energético a una mayor inversión privada e impulsar la competencia en los servicios telefónicos, la transparencia y la rendición de cuentas de los políticos son dos de los problemas más acuciantes que enfrenta la nación, dijo Eric Farnsworth, vicepresidente del Council of the Americas con sede en Washington.

"Muchas personas esperaban que la legislación contra la corrupción formaría parte de la agenda de reformas en general", dijo Farnsworth. "Para lograr que las otras reformas sean duraderas, es necesario que haya confianza en el sistema".

Traducido por  Luis Felipe Cedillo

Editado por Michelle del Campo

                                                                                    

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Fecha de publicación: 02/05/2016