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24 de sep. (Sentido Común) -- La empresa desarrolladora de proyectos inmobiliarios, y controlada por la empresaria más acaudalada de México, María Asunción Aramburuzabala, ganó la disputa legal que enfrentó de un grupo de vecinos que se oponía a un proyecto inmobiliario en la capital del país.
Gracias al fallo favorable del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, la empresa podrá proseguir con la construcción de una torre de 30 pisos y de dos edificios adicionales de tres pisos cada uno, en una de las zonas más exclusivas de la capital del país, la colonia Polanco, y en un terreno que tiene vista hacia el parque de Chapultepec, el pulmón de la ciudad y sede de tres de los museos más importantes del país y del Castillo del mismo nombre.
La relevancia del fallo y de la victoria de la empresa y su propietaria está en que el proyecto enfrentó a un grupo de vecinos que aparentemente, con el respaldo indirecto del periodista y conductor del noticiero nocturno de la televisora Televisa, Joaquín López Dóriga, y del jefe del gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, buscó lucrar con su oposición al proyecto.
Esa postura de los vecinos, que la empresa calificó como extorsión, se hizo evidente cuando Abilia, con sede en la Ciudad de México, difundió un video grabado en sus oficinas en el que se ve y escucha al abogado representante de esos vecinos, Mario Alberto Pocoroba, exigir dinero a fin de que la oposición al proyecto desapareciera.
“En pocas palabas quieren dinero”, dijo Pocoroba, en el video, al dirigirse a un ejecutivo de Abilia. “Aunque sea así de brusco, yo no hubiera querido venir a decírtelo nunca, pero a eso se reduce. Quieren dinero. ¿Cuánto quieren? Quieren cinco millones de dólares”.
Aunque Pocoroba dijo tras la difusión de esa conversación que el video mal interpretó su postura negociadora porque estaba editado para distorsionar sus palabras, el hecho de que al mismo tiempo se supiera que dentro del grupo de vecinos que se oponía al proyecto estuviera la esposa de López Dóriga y que él, por su capacidad de influencia hubiese presionado al jefe de gobierno a clausurar la obra y posteriormente a solicitar una revisión exhaustiva de los permisos del proyecto a las autoridades judiciales vía el recurso llamado juicio de lesividad, generó gran animadversión a ese grupo de vecinos opositores al proyecto.
El disgusto en ciertos sectores de la sociedad por la postura de los vecinos ante el proyecto creció cuando se supo que otros vecinos habían incluso negociado de buena fe con Abilia una modificación importante al proyecto original.
La negociación se dio incluso mucho antes de que apareciera el grupo en el que estaba involucrada la esposa de López Dóriga.
En esa negociación, a la que habían sido incluso invitados los vecinos que posteriormente se opusieron al desarrollo, las personas que habitan cerca del proyecto de Abilia lograron convencer a la desarrolladora de modificar el proyecto original de tres torres de 30 picos.
El argumento que ofrecieron y convenció a la compañía fue que esas edificaciones contravenía el uso del suelo en ciertas partes del terreno donde se construirían esas tres torres.
De hecho el terreno para el proyecto lo conformó la empresa de forma gradual a través de la adquisición y fusión de distintos lotes que adquirió a lo largo de poco menos de 10 años. Algunos de esos lotes, sin embargo, estaban antes de su fusión en zonas donde estaba prohibido construir edificaciones mayores a tres pisos.
Tras escuchar la postura de esos vecinos, Abilia, optó por cambiar el proyecto diseñado por el arquitecto Javier Sordo Madaleno a fin de conducirse de acuerdo a las reglas del uso del suelo de la zona y de cada uno de los lotes.
Ante esto y luego de la difusión del video del Pocoroba, la postura de los vecinos opositores pareció a muchos insensata, abusiva e ilegal.
Mancera incluso recibió diversas críticas por haber aceptado la presión y pedir al poder judicial que llevase a cabo la revisión de los permisos del proyecto, cuando había sido su mismo gobierno el que los había otorgado tras verificar que el proyecto estaba en regla.
De ahí que la decisión del Tribunal Contencioso generará gran satisfacción para Abilia y Aramburuzabala.
“”Nuestra empresa siempre se ha conducido bajo un estricto código de ética y apego a las leyes, y bajo ese código de conducta obtuvimos todos los permisos y autorizaciones para el desarrollo”, dijo Guillermo Buitano, director general de la compañía desarrolladora en un comunicado. “En ese sentido es importante mencionar que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del D.F. ha contribuido a dar una mayor certeza jurídica a las inversiones en la Ciudad de México”.
Con el fallo, Abilia podrá reiniciar las obras del desarrollo, que contará con 122 departamentos y que estima quedará terminada en dos años y medio.
Ayer, incluso, luego de que el Tribunal había también resuelto un recurso de reclamación a favor de la empresa, las autoridades de la capital retiraron los sellos de suspensión de la obra. Ahora con el nuevo fallo no podrán volver a colocarlos.
Refrendo el “compromiso de la empresa con la transparencia en todas sus actuaciones”, dijo Aramburuzabala en referencia a Abilia en el comunicado, agregando que ella siempre rechazará cualquier presión mediática, amenaza o acto de “influyentismo”.
La empresaria además aclaró que el fallo a favor de la empresa en la que ella actúa como presidenta del consejo de administración no implica que Abilia eche atrás las demandas legales que había iniciado contra quienes resulten responsables de actos ilícitos y que fueron denunciados en su oportunidad.
Las autoridades están de hecho investigando las denuncias que presentó Abilia.
Derechos reservados © Cartera, S.A. de C.V. 2015
Fecha de publicación: 24/09/2015
Etiquetas: Aramburuzabala Abilia construcción desarrollos bienes raíces inmuebles legalidad gobierno corrupción Mancera López Dóriga leyes extorsión México