Diputados pasan reformas a la Constitución para combatir corrupción

26 de feb. (Dow Jones) -- La Cámara de Diputados aprobó una serie de enmiendas constitucionales destinadas a tomar medidas enérgicas contra la corrupción, una respuesta a los recientes escándalos de enriquecimiento inexplicable y de presuntos conflictos de intereses por parte de servidores públicos a los más altos niveles de la actual administración.

     Las reformas, que son ampliamente esperadas que sean aprobadas por el Senado en los próximos dias, brindan mayores poderes a la Auditoría Superior de la Federación, el órgano de control que tiene el poder legislativo sobre el poder ejecutivo, y que, de ratificarse las reformas,  podrá perseguir delitos administrativos.

     Los cambios constitucionales también crea tribunales especiales para conocer los casos de corrupción, además de que el Congreso creó también recientemente la figura de un fiscal o zar anti-corrupción para perseguir casos de soborno o extorsión.

     Después de meses de discusiones --el presidente Peña Nieto propuso los cambios a finales de noviembre--, las reformas fueron aprobadas con 409 votos a favor y 24 en contra, por lo que contaron con el respaldo no sólo de los legisladores del partido en el poder, sino también de diputados de oposición, tanto de derecha como de izquierda.

     Si el Senado le da también su visto bueno, entonces las enmiendas constitucionales deben ser ratificadas por la mitad de los congresos estatales en el país para convertirse en ley.

     "Estamos creando un sistema de lucha contra la corrupción de pesos y contrapesos que nunca existieron en México", dijo Ricardo Anaya, el jefe de la bancada del partido opositor, Partido Acción Nacional, o PAN, en la Cámara Baja. "El modelo anterior estaba diseñado para que los corruptos se salieran con la suya, y esta reforma pretende acabar con la impunidad”.

     Los expertos se mostraron optimistas, pero cautos acerca de los cambios, ya que la mayoría de los detalles tendrán que ser tratados en iniciativas de ley que darán forma a esas reformas constitucionales, además de que la aplicación de las leyes en México es siempre un reto ante la debilidad de las instituciones de procuración de justicia en el país y de su sistema judicial, que está también sujeto a sobornos y presiones políticas.

     "Esta es una reforma positiva que va en la dirección correcta, pero es sólo la primera piedra de un edificio que se llevará una década en construir", dijo Eduardo Bohórquez, director de la organización sin fines de lucro Transparencia Mexicana.

     Bohórquez agregó que la aprobación de la llamada legislación secundaria, tanto a nivel federal como estatal, tomaría alrededor de un año.

     La corrupción se ha convertido en un punto importante de discusión en México en los últimos meses tras las revelaciones de que el presidente Enrique Peña Nieto, la primera dama y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, compraron casas de grupos empresariales que han obtenido contratos gubernamentales. Los tres han negado que hubiese algún conflicto de intereses en las compras.

     Pero la corrupción ha estado presente a lo largo de los años en México, paíes en el que líderes sindicales viven en ocasiones mejor que muchos empresarios y en donde algunos políticos acaban amasando fortunas inexplicables con los sueldos y prestaciones que recibieron como servidores públicos, aún en los más altos niveles gubernamentales.

     Un elemento que ha generado enorme preocupación en ciertos círculos de la sociedad es que la transición democrática no eliminó esas prácticas corruptas de los funcionarios públicos. Reportes periodísticos han dado cuenta de operaciones irregulares de funcionarios que han llegado al poder y que son miembros de partidos de oposición.

     Recientemente ayudantes del exgobernador del estado sureño de Guerrero fueron, por ejemplo, arrestados y acusados de malversación de fondos. El exgobernador es actualmente miembro del partido opositor Partido de la Revolución Democrática, aunque anteriormente fue miembro del Partido Revolucionario Institucional, hoy en el poder.

     Algunas encuestas muestran que la corrupción se ha convertido en la principal preocupación de los mexicanos, incluso por encima de la delincuencia y de una economía aletargada. Una encuesta reciente realizada por el diario Reforma mostró que 60% de los mexicanos cree que la corrupción ha aumentado en los dos años desde que el presidente Enrique Peña Nieto asumió el cargo.

     Las ineficiencias asociadas a la corrupción gubernamental cuestan a México hasta 9% de su producto interno bruto cada año, o un poco de 110,000 millones de dólares, de acuerdo con el Foro Económico Mundial.

     El Banco Mundial estima que alrededor de 35% de las empresas en México ofrecen sobornos para obtener contratos gubernamentales. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2014 de Transparencia Internacional, México ocupó el lugar 103 de 175 países.

     Hasta ahora, el combate a la corrupción ha recaído en vigilantes nombrados por el presidente o los gobernadores, lo que ha restado eficacia al sistema para combatir la corrupción en las esperas del poder ejecutivo.

     Con las reformas, las agencias que combaten las prácticas irregulares permanecerán, pero sus jefes tendrían que ser ratificados por el Senado y las legislaturas estatales por dos terceras partes de quienes voten al momento de confirmar a esos funcionarios, lo que permite pensar que esos altos funcionarios contarán con una buena reputación.

     Además, las dos nuevas autoridades independientes que combatirán la corrupción --el zar especializado y la re-enforzada oficina de la Auditoría Fiscal de la Federación-- tendrán poderes para investigar los contratos privados y la información bancaria, ordenar investigaciones y tomar las declaraciones de los funcionarios públicos y de terceros.

     "La reforma cambia completamente los incentivos para las autoridades y servidores públicos", dijo Bohórquez. "El modelo anterior sólo se basó en organismos de control internos del gobierno, que son juez y parte porque les pagan las mismas entidades que supervisan."

     La Auditoría Fiscal de la Federación, bajo sus nuevos poderes, podrá auditar los recursos federales transferidos a los gobiernos estatales y locales, lo cual es visto como crítico, ya que alrededor de 90% de los recursos de esos gobiernos locales provienen de transferencias del gobierno federal. Los gobernadores en México son, por lo general, mal vistos por el uso irregular que hacen de los recursos federales, dijeron los analistas.

     Las nuevas reglas también requieren que los servidores públicos tengan que revelar posibles conflictos de intereses en sus declaraciones patrimoniales, que ya están actualmente obligados a presentar cada año, a pesar de que no se verán obligados a hacerlas públicas.