Peña Nieto parece reaccionar, planea anuncio relevante contra impunidad, corrupción

24 de nov. (Sentido Común) -- A lo largo de las últimas semanas, numerosas voces han pedido al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto dar muestras de liderazgo frente al descontento social que ha provocado, desde finales de septiembre, la desaparición y aparente asesinato de 43 normalistas a manos de la policía municipal de la ciudad de Igual y de una banda criminal de esa localidad.

     Al parecer esos repetidos llamados de muy distintos y diversos sectores de la sociedad mexicana, tras un prolongado silencio, tendrán finalmente una respuesta.

     El gobierno de México podría dar a conocer el jueves un nuevo acuerdo, en el que participarán distintas fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad civil, para iniciar un proceso de reformas que tendrán como único objeto desterrar la impunidad que ha caracterizado el sistema gubernamental mexicano por décadas y que en buena medida explica también la corrupción que inunda muchas esferas de la vida nacional, tanto pública como privada.

     De acuerdo al periódico Reforma, en tres o quizás menos días, Peña Nieto anunciará las primeras acciones concretas que su administración adoptará, con el apoyo de legisladores, académicos, líderes sociales, activistas y otras personalidades, para iniciar un proceso de re-composición a fondo del sistema de impartición de justicia del país, y en el que hasta ahora la norma --no la excepción-- es la impunidad, mientras que la desconfianza, en lugar de la confianza, es la moneda de cambio de todos los días entre gobernantes y gobernados.

     "El presidente Enrique Peña Nieto debe tomar una difícil decisión: ¿quiere ser un verdadero modernizador o engrosar la larga lista de los simuladores", escribió Sergio Aguayo, investigador del colegio de México y activista social en el foro de debate el Palenque del portal de noticias y comentarios digital, Animal Político, en referencia a las aspiraciones del presidente de México de pasar a la historia como un reformador. "Un verdadero reformador en este México tendría que lanzarse contra los corruptos que han evadido la justicia --sean del partido que sean--, abrazar la transparencia con seriedad y ponerse del lado de las víctimas".

     La urgencia de que el gobierno encabece este esfuerzo se debe al descontento adicional que dejó en la sociedad mexicana la revelación que hiciera el portal aristeguinoticias sobre la adquisición, por parte de la primera dama, de una casa de gran lujo en una zona exclusiva de la Ciudad de México, y en la que aparentemente hubo un conflicto de interés que confirma las sospechas de muchos en México de que grupos cercanos al poder, o dentro del poder mismo, siempre terminan beneficiándose gracias a su posición y a costa obviamente del resto de la sociedad.

     Si bien hasta ahora, no es posible probar que la esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, haya cometido algún delito, el hecho de que ella utilizara una empresa contratista del gobierno que en el pasado, cuando su marido fue gobernador del Estado de México, ganó aparentemente diversos contratos de obras de infraestructura, para adquirir el terreno, construir la mansión y financiar la transacción, ha dejado un muy mal sabor de boca en la sociedad.

     Aun y cuando Rivera reveló en un video hace una semana la forma como estaba financiando la adquisición de esa vivienda y en el que además dijera que ya no terminaría comprándola, sino que vendería el derecho que tenía para hacerse de esa propiedad, la sociedad, a grandes rasgos, ha quedado molesta con ese aparente tráfico de influencias que, si bien existe en todas las sociedades, en México sucede con una frecuencia inusitada y sin que siquiera esté claramente tipificada la conducta como inapropiada en la ley ni mucho menos sea castigada.

     Con bastante frecuencia, diversos medios locales o nacionales reportan sobre cómo un político, un líder sindical o un empresario logró amasar una gran fortuna gracias a su cargo, al abuso del poder o a las conexiones con el gobierno en turno.

     Pero aún más grave es que esos reportes periodísticos, aunque no siempre son elaborados con un verdadero rigor profesional y en muchas ocasiones se basan en especulaciones y no en pruebas, rara vez generan alguna investigación, detención o sentencia en contra de alguien por haber violado la ley.

     "A fin de cuentas, al no haberse combatido nunca la corrupción ni la impunidad de manera profunda y sistémica [en México], las condiciones de descomposición institucional que ahora padecemos se han reproducido”, escribió José Antonio Crespo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y analista político, en su columna en el periódico El Universal.

     Crespo incluso duda si un acuerdo como el que aparentemente anunciará Peña Nieto en unos días podrá hacer cambiar un sistema que por años se ha alimentado de lo mismo que ahora supuestamente buscará combatir: la corrupción y el tráfico de influencias.

     Si bien los resultados de un posible pacto no son claros, lo que sí es claro para Crespo es que México al menos debe hacer la lucha por revertir estas condiciones, pues de lo contrario nada cambiará y todo probablemente empeorará.

     “¿Habrá en algún momento un pacto eficaz contra la corrupción y la impunidad? Mientras eso no ocurra, seguiremos en la mismas", escribió Crespo.

     El nuevo acuerdo por la legalidad podría darse casi un mes después de que el presidente Peña Nieto anunciará por primera vez su intención de realizar ajustes a su política de seguridad con el fin de combatir la impunidad y la ilegalidad en México.

     "En los próximos días convocaré a la representación del Estado mexicano, a las fuerzas políticas y a las organizaciones de la sociedad, para asumir el compromiso de emprender cambios de fondo, fortalecer nuestras instituciones y, sobre todo, asegurar la vigencia plena del estado de derecho en nuestro país", dijo Peña Nieto en un discurso el 3 de noviembre cuando dio a conocer una serie de reglas para encauzar la reforma energética, su logro legislativo más relevante de su presidencia y que hasta ahora lo había colmado de aplausos.

     Esa reforma energética pone fin al monopolio que por casi ocho décadas ejerció el gobierno mexicano sobre la industria energética nacional, en particular, sobre la exploración, extracción y transformación de crudo en México.

     La falta de competencia en una industria tan rica como la petrolera, por tantos años, es también para muchos una de las causas de la corrupción que invade múltiples áreas del país. Al no existir otros participantes y al ser el Estado el único jugador en esa industria, las actividades petroleras no siempre se han regulado por aspectos económicos y de negocios, sino por el contrario, por aspectos políticos y electorales, lo que ha provocado que la producción petrolera nacional, no sólo esté vinculada a actos de corrupción, sino que incluso venga decreciendo de manera constante desde hace ya casi una década.

     Si el presidente Peña Nieto logra que su plan contra la impunidad y la corrupción prospere, su reforma energética podría incluso tener mucho más valor dado que quienes estarán a cargo de vigilar el desempeño de esa industria, ahora tanto en manos privadas como estatales, tendrán mucho más cuidado para no violar la ley y ser sancionados por ella.

     Sentido Común intentó corroborar en la Oficina de la Presidencia el anuncio del próximo jueves. Sin embargo, funcionarios de prensa de esa oficina declinaron confirmar el evento.

     El anuncio, de concretarse, podría así revertir la especie de pasmo en la que ha caído la presidencia de Peña Nieto. Con un buen anuncio, seguido de una buena ejecución, el deterioro que ha sufrido el presidente en las últimas semanas, por su aparente insensibilidad ante los eventos en Iguala, junto con el mal manejo que muchos creen que su esposa y él han dado a las revelaciones de la compra de una mansión, podría revertirse.

     Sin embargo, no será fácil. Hasta ahora, de acuerdo a muchos columnistas, el presidente aparentemente no ha estado a la altura de los retos. 

     Este domingo en su columna publicada en el periódico Reforma, el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan E. Pardinas, describió, en unas cuantas frases, la sensación de malestar que permea la sociedad y la pobre actuación que desde que desaparecieron los 43 normalistas el 26 de septiembre ha tenido el presidente Peña Nieto.

     “El presidente Enrique Peña Nieto no entiende que no entiende”, escribió Pardinas. “México vive un otoño de rabia e incertidumbre. En medio de una crisis sin precedente, el gobierno sólo atina a ofrecer respuestas torpes y convencionales. Hay un riesgo evidente de descontento y anarquía, pero las principales fuentes de desestabilización son las negligencias de la autoridad y el colapso total de los partidos de oposición”.

     Si Peña Nieto, junto con otras fuerzas políticas, logra en un par de días más dar por fin una respuesta puntual y certera de lo que él y los partidos de oposición, junto con la sociedad civil, creen conveniente hacer, al menos podrá el mandatario comenzar a dar a entender que finalmente ya entendió lo que está en juego y, quizás, lo que requiere él hacer para encabezar un esfuerzo modernizador en materia de justicia y combate a la corrupción y la impunidad.