20 de nov. (Sentido Común) -- El presidente Enrique Peña Nieto decidió hacer pública la declaración patrimonial que por ley entrega año con año a las instancias que controlan las conductas de los servidores públicos a fin de hacer más transparente su gestión.

     La decisión del presidente se da a unos días de que se ha visto inmiscuido en acusaciones de haber formado parte, de forma indirecta, de una transacción que, para algunos, generó un serio conflicto de interés y que ha dañado su credibilidad.

     Los señalamientos se han realizado a raíz de un reportaje publicado por el portal en internet aristeguinoticias y que reveló que su esposa, la ex actriz, Angélica Rivera, gozaba de los derechos para comprar una casa construida por una empresa que había ganado diversos contratos del gobierno del Estado de México, cuando lo gobernó Peña Nieto.

     Para contrarrestar esas acusaciones y evitar que esa propiedad siga dañando su reputación, la de su familia y la del presidente, la primera dama, con 45 años de edad,  anunció el martes por la noche que pondrá a la venta el derecho de compra que tiene de la propiedad, con seis recámaras y ubicada en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, Lomas de Chapultepec.

     La primera dama también reveló la forma y los montos de ingresos que recibió hace cuatro años para pagar, en un plazo de ocho años y con un interés de 9%, los derechos de esa propiedad, otro elemento que había generado suspicacia entre la sociedad.

     El precio de compra pactado fue de 54 millones de pesos (3.9 millones de dólares), mientras que ella recibió por el finiquito de un contrato de cinco años con Grupo Televisa, la principal cadena de televisión en el país, productora de múltiples telenovelas exitosas a nivel internacional y en la que Rivera trabajó por un cuarto de siglo, 131.6 millones de pesos (9.7 millones de dólares) en 2010, una cantidad suficiente para llevar a cabo la compra a plazos de la propiedad.

     Hasta ahora la primera dama había cubierto 26.8% del precio pactado, o 14.3 millones de pesos. Con la venta de los derechos de la propiedad, Rivera dejará de pagar los intereses y el principal a la empresa constructora y propietaria del inmueble.

     Con el fin de solidarizarse con la revelación de información que hizo su esposa, Peña Nieto decidió hacer pública su declaración patrimonial a fin de intentar revertir el daño a su imagen y a la de su familia que le ha ocasionado la revelación de la compra de la casa, que tiene alberca y gimnasio, que llevaba a cabo su esposa.

     “Ante lo que ha hecho mi esposa, y en el ánimo de realmente ganar la confianza de la sociedad, he decidido hacer pública la totalidad de mi declaración patrimonial, hacerla abierta, hacerla pública, y dejarla al escrutinio de toda la sociedad mexicana”, dijo el presidente Peña Nieto, con 48 años de edad, el miércoles durante un evento.  "Aprecio y valoro más la confianza de los mexicanos que el derecho a la confidencialidad que puedo obtener eventualmente como servidor público”.

      La revelación de los activos y cuentas del presidente pueden ya consultarse e imprimirse desde la página web de la Oficina de la Presidencia, en el apartado donde se revela la semblanza del primer mandatario. También está en el portal de los servidores públicos del país.

      El año pasado, de acuerdo a esa declaración, que todos los funcionarios públicos federales en México tiene obligación de entregar a la Secretaría de la Función Pública, Peña Nieto tuvo ingresos anuales por 3.37 millones de pesos (247,794 dólares), mientras que en 2012 la cifra fue de 452,713 pesos, año en el que no tuvo un empleo formal por realizar su campaña presidencial.

     Su situación laboral cambió obviamente el 1 de diciembre, fecha en la que asumió el cargo de presidente de México tras ganar la elección en julio de ese año con cerca de 38% de la votación.

    La mayoría de los ingresos que obtuvo Peña Nieto en 2013 --86%-- correspondieron a las actividades que llevó a cabo como jefe del Estado mexicano. El resto provino de actividades financiaras o de otros rubros como fueron inversiones en el mercado de valores.

     El presidente de México cuenta además con nueve bienes inmuebles, cuatro de ellos son terrenos, cuatro casas y un departamento. Del total, el presidente sólo compró directamente dos, mientras que el resto fueron heredadas, incluyendo el departamento que le heredó su primera esposa, Mónica Pretelini, quien falleció hace más siete años.

     Las otras propiedades las obtuvo de sus padres quienes, en ciertos casos, se los entregaron incluso en vida.

     Además de esos bienes inmuebles, el presidente cuenta con obras de arte, joyas, muebles y accesorios, con un valor de 6.9 millones de pesos (507,352 dólares). Algunas de esas joyas u obras también las recibió el mandatario como donaciones de sus padres.

     Al 31 de diciembre del año pasado, el presidente contaba con inversiones en cuentas bancarias, seguros, fondos de inversión, monedas extranjeras y otros activos, que no fueron detallados, por 16.8 millones de pesos (1.2 millones de dólares).

     De acuerdo a la legislación vigente, las declaraciones patrimoniales que deben presentar los funcionarios públicos federales a Función Pública, más no al público en general, deben ser actualizadas en mayo de cada año.

     La última actualización es la que reveló Peña Nieto en el portal de la Presidencia y pertenece a mayo de este año.

     Muchos analistas creen que ante la falta de reglas claras sobre las declaraciones patrimoniales, más el hecho de que los funcionarios no tienen la obligación de hacerlas públicas, es un área donde el presidente de México puede marcar una diferencia y con ello recuperar parte de la credibilidad que el reportaje sobre la compra de la casa le ha generado.

      Actualmente, las declaraciones patrimoniales "son medidas de control interno y forman parte de un sistema cerrado, debido a que la misma legislación considera que esta información patrimonial es pública sólo en la medida de la decisión del propio funcionario", dijo Héctor Rubio, director de programas de Gestión Social y Cooperación, una organización civil enfocada a la investigación en transparencia y rendición de cuentas, con sede en la Ciudad de México. "En el mejor de los casos, las declaraciones patrimoniales permiten corroborar un cambio en la situación patrimonial de un funcionario durante su paso por la administración. . . pero sólo sirven para documentar el hecho e indignarnos de manera informada. Falta la aplicación de medidas de investigación, sanción y resarcir de daños".

     De ahí que diversos expertos sugieren que el presidente envíe una iniciativa para hacer que estas declaraciones patrimoniales sean públicas para cierto rango de funcionarios y que existan mecanismos punitivos que permitan resarcir el daño, más allá de las demandas penales que se pueden entablar contra un funcionario bajo el delito de "enriquecimiento inexplicable".

     En esa iniciativa, Peña Nieto podría también revelar reglas más claras sobre los activos que se deberían revelar, incluyendo, quizás, los de los cónyuges o incluso los que estén a nombre de hijos, hermanos u otros parientes cercanos. Actualmente, esto también es optativo para cada funcionario.

     De ahí que para muchos las reglas sobre las declaraciones patrimoniales sean hoy laxas, además de que tampoco obligan a los funcionarios a actualizar los precios de las propiedades después de cierto periodo de tiempo transcurrido, como podría ser un plazo de cinco o 10 años.

     Algunos abogados también consideran que el presidente tiene la oportunidad para proponer reglas claras que delimiten las conductas en caso de que el funcionario pudiese entrar en un conflicto de interés --algo que debería estar claramente descrito, bajo ciertos parámetros, en nuevas reglas que regularían el desempeño delos funcionarios públicos y sus parientes para saber en que situación se tiene o no un conflicto de interés.

     Para muchos analistas el que la primera dama comprara una propiedad construida bajo sus especificaciones, de una compañía contratista del gobierno anterior de Peña Nieto, debió haber generado algunas alertas para poder hacer de esa transacción algo menos sospechoso y algo mucho más transparente.

     Como las reglas actuales carecen de esas alertas, la transacción se realizó sin la búsqueda de un consentimiento legal de una autoridad independiente.

     Claro que en este sentido, para Eduardo Sánchez, vocero del presidente Peña Nieto, la transacción por la casa que construyó y está a nombre de Grupo Higa no generó incluso el supuesto conflicto de interés.

     En una entrevista en la radio con la periodista, Carmen Aristegui, Sánchez reveló cifras sobre el número de contratos que ha generado la administración actual de Peña Nieto en materia de proyectos de infraestructura y el número de contratos que a la fecha ha ganado Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa.

     En total, el gobierno ha firmado en los dos años del sexenio de Peña Nieto 6,396 contratos para ese tipo de obras, con 4,090 compañías. El monto de recursos que se han invertido en esos proyectos a la fecha es de 184,000 millones de pesos (13.6 billones de dólares).

     De esas cifras, Grupo Higa ha ganado a la fecha sólo dos contratos, uno para realizar diversas construcciones que ordenó el Fondo de Desastres Naturales por 450 millones de pesos (33.2 millones de dólares) y otro para remodelar el hangar presidencial.

     "Estos contratos no representan ni el 1% del presupuesto de 184,000 millones de pesos que ha ejercido" el gobierno hasta ahora, dijo Sánchez en la entrevista radiofónica.

     Un tercer contrato en el que Grupo Higa, mediante una filial, también había resultado ganador era el que otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a un consorcio encabezado por la empresa China Railway Construction para construir el tren bala México-Querétaro.

     El fallo de esa licitación ya fue revocado por las sospechas que generó el proceso. La decisión de cancelarlo la tomó el gobierno de Peña Nieto dos días antes de que se revelar{a el reportaje de la casa que estaba comprando la primera dama, algo que ha alimentado las sospechas de un conflicto de interés. 

     Sin embargo, para Sánchez, ante el pequeño número de contratos que ha ganado Grupo Higa en los dos años de gobierno de Peña Nieto y frente al alto número de contratos ya firmados por el gobierno con compañías privadas, dejan ver que la compra que buscó hacer la primera dama de la casa, que coloquial e irónicamente se conoce como Casa Blanca por el color de sus fachadas, no propició la también llamada compra de influencias. 

     Para otros, sin embargo, el conflicto de interés no queda desacreditado con las cifras que manejó Sánchez ya que el vocero no reveló el número de contratos ni el monto de recursos que la empresa ganó del total de proyectos de obra pública que le asignó el gobierno del Estado de México cuando Peña Nieto fue gobernador de la entidad.

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Fecha de publicación: 20/11/2014

Etiquetas: México economía gobierno transparencia conflicto de interés legal Peña Nieto Angélica Rivera