En México, plan endeble para depurar policías, explica desapariciones

18 de nov. (Bloomberg) -- Los policías municipales acusados del secuestro de 43 estudiantes en el estado de Guerrero hace dos meses y de entregarlos una banda de narcotraficantes no esquivaron el programa de depuración policiaca al que fueron sometidos.

     La mayor parte de los agentes implicados incluso lo aprobaron.

Lejos de ahí, en el estado de Sonora, un jefe estatal de prisión permanece en su cargo tres años después de que el proceso de verificación de sus antecedentes arrojó resultados en su contra.

Más al centro, en Jalisco, un alcalde dijo que quiere volver a certificar a los agentes que reprobaron el proceso ya que carece de fondos para pagar las indemnizaciones si los despide, aun cuando los resultados de las pruebas demostraron que no eran aptos para ocupar un cargo en la policía local.

Estos casos, que se ven en casi todo México, constatan como elementos de seguridad corruptos, o sin capacidad técnica, siguen trabajando en las dependencias de seguridad durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, quien hasta ahora se ha concentrado en llevar a cabo mejoras legales en términos económicos y educativos, que cambios al interior de instituciones de justicia.

"La gente cercana a Peña dejó caer el balón en cuanto a presentar iniciativas para reformar los cuerpos policiacos del país", dijo Vanda Felbab-Brown,  quien investiga relacionados con el tráfico de estupefacientes para Brookings Institution, con sede en Washington. "A menudo, a ellos simplemente les gustaría empujar los problemas de seguridad debajo de la alfombra. Centrarse en temas económicos era importante, pero pudo hacerse de manera combinada con atención al tema de la seguridad”.

El Centro Nacional de Certificación y Evaluación, que dentro de sus responsabilidades está evaluar y depurar los cuerpos policiacos en México, no ha tenido a un director general desde octubre de 2012, o tres meses después de que Peña Nieto ganara la elección presidencial. Él asumió el cargo en diciembre de ese año.

Mientras que el gobierno federal dice que todos los policías han sido sometidos a un escrutinio de su pasado, la revisión no se ha realizado sobre su situación financiera, algo que pudo haber puesto al descubierto a los miembros de las fuerzas de seguridad con vínculos a bandas criminales, dijo Causa en Común, un grupo no lucrativo que sigue de cerca a las fuerzas de seguridad de la nación.

Década perdida

En una entrevista en Radio Fórmula el mes pasado, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, dijo que mientras el ejercicio de la depuración policiaca no arroje vínculos con actividades criminales, las autoridades locales que no puedan separarlos del cargo deben, cuando menos, suspenderlos de sus rondines por las calles.

Los gobiernos estatales y municipales son los responsables últimos de asegurar la calidad de sus propios cuerpos de seguridad, dijo Chong.

Mientras que el gobierno federal puede ofrecer un poco de ayuda, dijo, "carece de los funcionarios para cubrir todos los municipios".

Osorio Chong criticó además la decisión de la policía judicial de la Ciudad de México de entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM9, en la capital del país este fin de semana y donde por hacerlo se registró un enfrentamiento entre esos agentes y estudiantes, uno de los cuales resultó herido en la pierna cuando un oficial disparó al aire después de ser rodeado por estudiantes furiosos, de acuerdo con el gobierno de la Ciudad Mexico.

El oficial ingresó a UNAM para responder a un reporte de un teléfono robado, dijo la policía.

Policía arrestada

En el caso de los estudiantes desaparecidos, el gobierno ha dicho que probablemente un cártel de la droga incineró los cuerpos, para después arrojar los restos al río. El cártel recibió a los estudiantes luego que el alcalde de Iguala ordenó su arresto ante el temor de que irrumpieran en un acto de su esposa, quien estaba pensando lanzarse a competir por el puesto de presidente municipal a fin de que la pareja continuara dominando las altas esferas de Iguala.

     Hasta ahora, más de 20 policías de Iguala han sido detenidos. El resto fue desarmado y enviado a una base militar.

     Pero incluso tres cuartas partes de la fuerza policial del municipio de Iguala habían pasado el programa de investigación de antecedentes penales el año pasado, de acuerdo con registros del municipio.

El caso ha provocado protestas en varios estados.

A principios de este mes, un grupo dentro de la marcha de los manifestantes que protestaban la impunidad que ha englobado a la nación, se tornó violento y optó por quemar la puerta del edificio histórico, conocido como Palacio Nacional, en la capital del país.

Los manifestantes, quienes se organizan ahora vía las redes sociales, planean ahora bloquear temporalmente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el jueves...

En un informe de Brookings este mes, Felbab-Brown escribió que Peña Nieto se ha centrado demasiado en la captura de capos como Joaquín "El Chapo" Guzmán, cuando en su lugar la administración debería estar brindando capacitación, depurando sus sistemas de selección de personal y mejorando los salarios de este tipo de servidores públicos a fin de que desempeñen mejor su trabajo y tengan mucha mayor capacidad para rechazar ofertas económicas muy tentativas.

Nada es personal

Los defectos en el sistema de revisión de los cuerpos policiales no sólo existen en Guerrero.

    Ricardo Ornelas, director de prisiones para el estado de Sonora, dijo en una entrevista que él se negó a completar su examen de investigación de antecedentes en 2011 porque se oponía a las preguntas sobre su familia.

     Su puntuación determinó que no era una persona "recomendable" para manejar o dirigir una prisión, de acuerdo con los registros federales que publicó el periódico, Sonora Expreso, con sede en la capital de la entidad.

"El entrevistador me hacía todo clase de preguntas personales a lo que le respondí que No estoy aquí para charlar, amigo, estoy aquí para tomar algunas pruebas", dijo Ornelas en una entrevista telefónica.

Ornelas tomó el trabajo sin experiencia previa en temas de seguridad después de que su predecesor fue encontrado asesinado en su casa en 2011, durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón.

El jefe de la cárcel dijo que se le pidió que tomara la prueba poco después de asumir su cargo, pero sólo se enteró de su resultado por un periodista a principios de este mes.

El gobierno mexicano no respondió a diversas solicitudes de comentarios sobre las críticas al proceso de depuración y filtración policial.

En una rueda de prensa, hace unos días, el procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, dijo que "es evidente que muchas cosas deben cambiar" en el sistema de justicia, y se comprometió a anunciar esos cambios pronto.

Cambio de empleo

Incluso cuando algunos policías operan dentro de las reglas de la evaluación de su desempeño, pueden llegar a ser un obstáculo para la mejor su supervisión.

En la ciudad de Miguel Alemán, en el estado de Tamaulipas, el alcalde Ramiro Cortez dijo que planea despedir a los policías de tránsito que no hayan aprobado el examen que tomaron el mes pasado, pero que los recontratará como trabajadores de protección civil, o como personal para atender emergencias.

"La decisión final será de ellos", dijo Cortez, en una entrevista telefónica. "Ellos recibieron la propuesta, y si quieren abandonar el servicio público, se les compensará por ello, para que entonces puedan encontrar otras oportunidades".

Luego están los alcaldes como Ismael del Toro de Tlajomulco, en el estado occidental de Jalisco. De sus 600 oficiales, 100 no pasaron los controles sobre sus antecedentes, de los cuales 30 están siendo investigados por posibles vínculos con grupos criminales. Él quiere que el otro 70 que no aprobó los controles puedan volver a tomar el examen, porque carece de presupuesto para pagar la totalidad de su despido.

"Tendríamos que despedir a un gran número de policías a la vez", dijo Del Toro en una entrevista. "Esto nos deja con muy pocos oficiales para combatir la delincuencia".

La purga policiaca

Alrededor de 6% de los funcionarios de seguridad y de inmigración federales, 10% de los policías estatales y 13% de los funcionarios municipales no pasaron las pruebas y están en proceso de ser purgado a partir del 30 de octubre, de acuerdo con el gobierno federal.

     La Secretaría de Gobernación se negó a revelar cuántos de ellos han sido ya despedidos.

Jorge Tello, quien se desempeñó en 2009 como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad que supervisa el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, estima que alrededor de una quinta parte de los policías que no pasan las pruebas se mantienen en sus puestos.

Deficiencias en pruebas

Incluso si todos los municipios tuvieran el dinero para reemplazar a los policías que reprobaron, los críticos dicen que el problema de fondo es que los mismos exámenes están mal elaborados.

     Por ley deben incluir polígrafos, dopaje, evaluaciones psicológicas, exámenes médicos y controles de estilo de vida de los candidatos. En la práctica, los exámenes se basan en gran medida en detectores de mentiras y no comprueban los registros financieros de las respuestas que brindan los examinados, dijo María Elena Morera, quien encabeza Causa en Común.

Del Toro, el alcalde de Tlajomulco, estuvo de acuerdo.

Sería más eficaz si las pruebas verificarán " si el oficial tiene un estilo de vida, una casa, un coche, que coincide con su sueldo", dijo. "Nunca he visto la parte socioeconómica, ni siquiera mencionada en los resultados de las pruebas que nos llegan".

México comenzó a depurar a sus fuerzas policiacas hace décadas, aunque el programa se aceleró durante la administración de Calderón cuando firmó una ley en 2008 con nuevas directrices sobre esas pruebas.

Tal vez tomará más tiempo para registrar mejoras en los sistemas, ya que el gobierno está mejorando constantemente sus sistemas, dijo Tello, quien ahora es profesor en la escuela de gobierno y transformación pública del Instituto Tecnológico de Monterrey.

Cuando Peña Nieto regresó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder en diciembre de 2012, prometió una mejor coordinación entre los gobiernos federal y estatal en la lucha contra la delincuencia.

Guillermo Valdés, quien desde 2008 hasta 2011, dirigió el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), cuando se introdujeron las pruebas, dijo que el esfuerzo va en la dirección equivocada. Se necesita más supervisión federal para garantizar que los municipios y los estados usen los exámenes de manera adecuada para purgar a los oficiales corruptos, dijo.

Al gobierno federal "le importaba un comino", dijo Valdés. "No se preocupa en absoluto acerca de la aplicación de la prueba".