Primera dama venderá derechos sobre casa bajo escrutinio, explica compra

18 de nov. (Sentido Común) -- La primera dama de México, Angélica Rivera, decidió vender los derechos de compra que tiene sobre una lujosa casa en una de las zonas más exclusivas de la capital del país a fin de contrarrestar las suspicacias que se han generado alrededor de esos derechos por una posible conducta inapropiada que comenzaba a dañar su imagen y la de su esposo, el presidente Enrique Peña Nieto.

     Desde que el portal informativo, aristeguinoticias.com, dio a conocer la semana pasada que la casa en cuestión la había construido un empresa que recibió diversos contratos por parte del gobierno del Estado de México cuando Peña Nieto gobernó esa entidad, un torbellino de especulaciones han comenzado a rodear la transacción. 

     La pareja presidencial ha recibido desde entonces diversas críticas por la sospecha de que la casa que la compañía constructora, Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa, vendió a Rivera era como un pago en especie por los múltiples contratos que recibió del gobierno del Estado de México, o, peor aun, por los que podría recibir a futuro por parte de la presidencia de Peña Nieto.

     Sin embargo, Rivera, ante estas sospechas, descartó las suspicacias y dijo que venderá el derecho que tiene para adquirir la propiedad a fin de que el tema no siga dañando a ella, a su familia y a su esposo.

     “Yo no quiero que esto siga siendo un pretexto para ofender y difamar a mi familia”, dijo la primera dama en un video de cerca de siete minutos publicado en el portal angélicarivera.com y en el que explicó la forma como adquirió el derecho de compra de la propiedad. “Hoy estoy aquí para defender mi integridad y la de mis hijos y la de mi esposo”.

     La primera dama incluso reveló algunos términos hasta ahora desconocidos de la transacción, como el precio de la casa --54 millones de pesos (3.9 millones de dólares)--, el plazo en el que cubriría ese precio pactado (ocho años) y el interés que le cobraría la empresa inmobiliaria (9%) hasta finiquitado el pago de la propiedad.

     A la fecha, Rivera dijo que ha cubierto 14.3 millones del precio pactado por la casa, que tiene alberca y siete habitaciones, entre otras instalaciones. El monto pagado cubre así hasta ahora 26.5% del valor acordado. 

     La primera dama, de 45 años de edad, también dio a conocer la forma como obtuvo los recursos para pagar por esos derechos. En su video, Rivera explicó que era económicamente independiente y que tenía los fondos suficientes para comprar la propiedad ya que trabajó como actriz desde los 15 años de edad.

     Además, al decidir terminar su carrera de 25 años, Rivera dijo que recibió 131.6 millones de pesos (9.7 millones de dólares) de la empresa televisora, Grupo Televisa, para la que había trabajado de forma exclusiva toda su vida. 

     Ese monto se pactó previamente en un contrato que firmó Rivera con Televisa años atrás y que ambas partes decidieron dar por terminado por acuerdo mutuo en 2009. La decisión de Rivera se dio luego de que un año atrás conoció a Peña Nieto. 

     Además de ser actriz de diversas telenovelas que transmitió y comercializó Televisa en México y el exterior, la primera dama también participó en diversas campañas publicitarias y en diversos programas como conductora, entre otras actividades.

     Finalmente, la primera dama reveló la posesión de dos propiedades adicionales que hasta ahora se desconocían: un departamento en Miami y otro más en la Ciudad de México, en la colonia Herradura, en el que vive su madre.

     "No tengo nada que ocultar", dijo Rivera en el video en el que se mostró molesta por el escándalo rodeando su patrimonio y sus propiedades.

     La decisión de vender los derechos para comprar la casa, que popularmente ahora se conoce como Casa Blanca, por su color y en clara referencia irónica a la casa oficial del presidente de Estados Unidos, era algo que muchos críticos habían mencionado que era necesario que realizara la pareja presidencial para al menos alejar ciertas sospechas que había despertado la transacción.

     Además, la revelación de la compra de la propiedad por parte de Rivera había generado malestar adicional en la sociedad ante los múltiples problemas de inseguridad, injusticia y desigualdad social que vive el país y que se exacerbaron con la desaparición y probable asesinato de 43 normalistas en el estado de Guerrero a finales de septiembre.

     Este otro conflicto ha también generado graves dolores de cabeza para la administración de Peña Nieto, quien había tenido hasta ahora un gobierno con importantes logros, principalmente por las reformas económicas y educativa que había logrado aprobar en el Congreso de la Unión.

     Sin embargo, la desaparición de los normalistas, junto con la casa que estaba comprando su esposa, han generado hasta ahora la situación más crítica de la administración de Peña Nieto.

     Así, la decisión de Rivera muy probablemente logre al menos desactivar uno de los frentes adversos que enfrenta hoy el presidente de México, aunque es poco probable que logre deshacer la sospecha de que en la transacción hubo un conflicto de intereses que debió haber impedido la operación desde su origen.

     Ese aspecto permanecerá, más cuando la empresa constructora de la propiedad que iba a comprar la primera dama formó parte del consorcio ganador para construir y operar el tren bala México-Querétaro.

     Si bien ese fallo lo revocó el presidente Peña Nieto dos días antes de que se dieran a conocer algunos detalles de la compra de la casa que estaba llevando a cabo Rivera, el hecho de que una de las empresas que conformaba el consorcio ganador fuese la misma que edificó y vendió los derechos sobre la propiedad a la primera dama, hará que las sospechas de que hubo un vínculo indebido en la transacción perduren.

     Para realmente poder contrarrestar esa suspicacia, Peña Nieto muy probablemente tenga que presentar una iniciativa en la que se defina con mucha mayor claridad las acciones que constituyen un conflicto de intereses y en la que además se proporcionen, más que nada, sanciones claras y duras contra los funcionarios públicos que incurran en ese tipo de transacciones o intercambios sospechosos que favorezcan, por un lado, a alguien en el sector privado, y también beneficien, por otro, a alguien en el sector público --a cambio de protección o de obtener negocios adicionales.