30 de oct. (Dow Jones) -- La Suprema Corte de la Nación rechazó la petición de dos partidos políticos, que votaron en contra de la apertura del sector energético a los capitales privados, a celebrar una consulta popular sobre ese cambio constitucional y las leyes secundarias que aprobaron las Cámaras de Diputados y Senadores este año por considerar que el tema del referendum es inconstitucional.

     Los partidos que presentaron la petición fueron los Partidos de la Revolución Democrática (PRD) y el recién creado Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena. Para ellos la consulta popular era su última vía para tratar de dar marcha atrás a los cambios luego de que perdieron la votación en ambos recintos legislativos.

     Así, aun cuando los dos institutos políticos sabían que era altamente improbable que la Corte aprobara su petición de realizar una consulta, el fallo final del Máximo Tribunal del país elimina la que era una posible fuente de incertidumbre legal para los posibles inversionistas que desean participar en el sector por primera vez en casi ocho décadas.

     Desde 1938 la industria petrolera, del gas, petroquímica básica, eléctrica, de producción de combustibles y de distribución, almacenamiento y venta de muchos combustibles ha estado en manos exclusivas del Estado.

     La reforma energética cambia esa situación legal de manera radical.

     Tanto el PRD como Morena habían recogido por separado millones de firmas, el primer requisito para realizar la consulta popular, para solicitar a la Suprema Corte su opinión si era válida realizarla en este tema.

     El Máximo Tribunal dictaminó que una consulta popular sobre la reforma energética sería inconstitucional porque estas consultas públicas no pueden ser consideradas en los asuntos que afectan los ingresos o gastos del gobierno.

     El petróleo y los impuestos relacionados representan alrededor de un tercio de los ingresos del presupuesto federal. La Corte rechazó las dos peticiones con 9 votos por no aprobarla y uno por sí aprobar la solicitud de la consulta.

     La reforma energética contó en el Congreso de la Unión con el respaldo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido del presidente Enrique Peña Nieto, quien propuso los cambios, del Partido de Acción Nacional (PAN), del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado del PRI y del Partido Alianza Nacional (Panal)

     Con la apertura, el gobierno de Peña Nieto busca elevar la producción de crudo nacional a 3.5 millones de barriles diarios en 2025 a partir de los 2.4 millones de barriles al día que produce hoy la empresa petrolera estatal, Petróleos Mexicanos.

     Hace 10 años, Pemex llegó a producir esos 3.5 millones de barriles diarios, pero sus campos han sufrido una caída de producción, mientras que la compañía carece de tecnología o suficientes recursos para explotar nuevos yacimientos.

     La apuesta del gobierno es que con la llegada de empresas privadas, o bien con su asociación con Pemex, el país vuelva a ver un incremento en la producción de crudo, así como de otros combustibles.

     La posibilidad de celebrar consultas populares sobre cuestiones públicas se estableció en la reforma política aprobada hace un par de años. Los resultados de las consultas aprobadas por la Suprema Corte tienen carácter vinculante para el gobierno y el Congreso, si más de 40% de los electores participan en una consulta popular.

     Previo a la votación de hoy, la Suprema Corte falló en contra de una propuesta del PAN a celebrar una consulta popular sobre el aumento del salario mínimo del país, también por motivos de que el problema afecta las finanzas del Estado.

     Los partidos de izquierda querían que el voto de la consulta coincidiera con las elecciones de medio término del próximo año, cuando los votantes elegirán a los 500 miembros de la Cámara Baja, nueve gobernaciones estatales y otros puestos estatales y locales.

    


Fecha de publicación: 30/10/2014