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10 de sep. (Sentido Común) -- El derrame de 40 millones de litros de una solución ácida de sulfato de cobre que generó la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, a inicios de agosto cobró un cauce inesperado.
Las autoridades estatales, encabezadas por el gobernador de Sonora, el estado donde ocurrió el derrame, están ahora enfrascadas en un pleito con las autoridades ambientales federales que podría distraer los esfuerzos de evaluación y remediación de los daños que causó esa sustancia tóxica al verterse sobre el afluente Tinajas y los ríos Bacanuchi y Sonora.
Esa distracción podría complicar las tareas de las agencias por determinar las acciones que debe tomar Grupo México para remediar o compensar los estragos que provocó al medioambiente y a la población cercana del accidente.
Para la empresa, el tercer productor de cobre del mundo, la distracción que el conflicto podría generar, incluso entre los medios de comunicación, los que ahora podrían estar más interesados en cubrir la disputa entre el gobierno estatal y la federación, podría dar un respiro a la presión a la que ha estado sometida en las últimas cuatro semanas.
Grupo México, con sede en la ciudad de México y con operaciones mineras en México, Perú y Estados Unidos, podría contar, si así ocurre, con una especie de pausa mediática y tal vez de inspecciones para reforzar su estrategia de remediación y atención a las poblaciones cercanas. Esto le permitiría quizás aprovechar el tiempo para reparar parte del daño que ha sufrido su reputación por el derrame que fue duramente criticado por autoridades federales y estatales.
El pleito entre el gobernador, Guillermo Padrés, y las entidades federales protectoras del medio ambiente y de los recursos hídricos del país, si bien surge como consecuencia del incidente en las instalaciones de un patio de lixiviados de Buenavista del Cobre, no tiene tanto que ver con el derrame mismo, sino con comentarios que han hecho los representantes federales a diversos medios de comunicación sobre la existencia de una presa, que aparentemente construyó de manera irregular el gobernador Padrés, en un rancho de su propiedad, cercana al sitio del derrame.
Las declaraciones, que en parte surgen por las mayores inspecciones que llevan a cabo los delegados federales en la zona, llevaron a Padrés a expulsar del consejo estatal de protección civil a los delegados federales de Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las tres agencias federales encargadas de determinar las causas del derrame y de evaluar los daños, por una supuesta negligencia y omisión.
El gobernador, miembro del partido opositor, Partido Acción Nacional (PAN), argumentó que el motivo de la expulsión de esos agentes federales era que no habían prestado suficiente atención a los problemas ambientales generados por la mina Buenavista del Cobre, cercana a la población de Cananea.
Padrés además publicó un desplegado en varios diarios nacionales dirigido al presidente Enrique Peña Nieto para solicitar su ayuda frente a la crítica situación que enfrentaban los siete municipios, con cerca de 23,000 pobladores, que han sufrido consecuencias graves por la contaminación de ríos y de decenas de pozos de agua.
El gobernador incluso criticó la actuación del procurador federal de protección al medio ambiente, Guillermo Haro Bélchez, por no haber considerado los reportes sobre un posible derrame en el lugar que se le entregaron semanas antes de que ocurriera el desastre.
Existen pruebas documentales y testimoniales "que denunciaron meses antes el riesgo inminente de un derrame de tóxicos. . . y no fueron escuchados, ni por Profepa, ni por Conagua, ni por Semarnat", escribió el gobernador en el desplegado titulado "Sonora alza la voz".
En su cuenta de Twitter, Padrés incluso fue más lejos al pedir a Peña Nieto "que se sancione y despida a quienes no tomaron precauciones y no escucharon a los ciudadanos".
Hasta el momento las tres dependencias que sufrieron la expulsión de sus delegados no se ha pronunciado al respecto. Sentido Común solicitó alguna declaración en las oficinas de prensa de Semarnat y Profepa pero ambas instituciones indicaron que por ahora no contaban con una posición institucional sobre el tema. Funcionarios de Conagua no pudieron ser contactados.
La remoción de los delegados ocurrió uno o dos días después que diversos medios nacionales, incluyendo el programa de noticias de la conductora Denise Maerker, conocido como Punto de Partida y que transmite la mayor televisora del país, Televisa, reportaran sobre la presa que se construyó en el rancho propiedad del gobernador Padrés y su familia.
El reportaje de la televisión incluyó declaraciones de los delegados de Conagua y Semarnat, quienes comentaron no tener registro del permiso o de la concesión para realizar esa obra hidráulica.
Por otra parte, el periódico Reforma dijo en uno de varias historias que la presa, construida sobre el río Manzanal, provee agua al rancho, El Pozo Nuevo, de la familia Padrés, en detrimento del ejido Bacanuchi, cuyos pozos de agua han comenzado a agotarse.
Padrés, sin embargo, aclara en el reportaje del programa Punto de Partida y en Reforma, que la presa existe desde hace más de 60 años, cuando su padre adquirió la propiedad y que el agua no se utiliza en su propiedad.
De cualquier manera, al gobernador de Sonora las notas periodísticas no le gustaron, menos cuando las fuentes de las posibles irregularidades de la presa fueron autoridades federales.
"Estos delegados de Semarnat, Conagua y Profepa han dictaminado, han juzgado obras de protección realizadas en la propiedad de mi familia, sin siquiera hacer una inspección, mucho menos han solicitado información y aún así me señalan, queriendo distraer la atención de su negligencia", escribió Padrés en el desplegado.
Así, para algunos analistas la expulsión de los funcionarios federales tiene más que ver con sus declaraciones, que han generado suspicacias sobre la rectitud del gobernador Padrés, que con su desempeño.
Si bien por el momento es difícil predecir el resultado que tendrá este pleito entre un gobernador estatal y las tres agencias federales, el pleito haya comenzado a distraer la atención de las autoridades medioambientales e hídricas, lo que hace pensar algunos que, al menos en el corto plazo, un tercero ha resultado ganador: la empresa Grupo México.
Derechos reservados © Cartera, S.A. de C.V. 2014
Fecha de publicación: 10/09/2014
Etiquetas: Grupo México minería accidente medio ambiente ecología cobre derrame política