28 de jul. (Dow Jones) – Una propuesta de un grupo de legisladores en la Cámara de Diputados podría hacer que el gobierno federal asumiera miles de millones de dólares en obligaciones para el pago de pensiones de los trabajadores de la empresa petrolera estatal, Petróleos Mexicanos, a fin de ayudar a la empresa a enfrentar la competencia de compañías privadas por primera vez en sus 76 años.

     La propuesta cuenta con el apoyo de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN).

     El lunes, la propuesta recibió además el respaldo del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien la describió como una mejora en el proyecto de ley inicial presentado a principios de este año por el Poder Ejecutivo.

     La opinión de Videgaray es relevante por se el asesor principal del presidente Enrique Peña Nieto en materia de política económica y por ser la persona a quien se le encargó, junto con el secretario de Energía, la elaboración de las iniciativas que planean aterrizar las reformas constitucionales aprobadas el año pasado para abrir el sector energético nacional a los capitales privados.

     La Cámara de Diputados está discutiendo diversas iniciativas que le envió la Cámara de Senadores luego de aprobar, con algunos cambios, el paquete de 21 leyes que le envió Peña Nieto para materializar la reforma energética.

     Con esas iniciativas se concretiza el plan de permitir a empresas privadas y extranjeras participar en la exploración, extracción de petróleo y gas, así como en su transformación, transportación, distribución y almacenaje, algo que de ocurrir pondrá fin a más de siete décadas de prohibición desde la expropiación petrolera de 1938.

     Pemex ha sido durante mucho tiempo uno de las principales fuentes de flujo de efectivo del como a la venta de productos afines, al grado que todos esos ingresos representan más de un tercio de los ingresos del presupuesto federal.

     Aunque se espera que la empresa estatal siga siendo el productor de petróleo dominante en el país en los próximos años, la reforma legislativa trata de reducir gradualmente su carga fiscal, mientras que da a la empresa mayor flexibilidad para competir, algo que nunca ha tenido que hacer desde su creación.

     Claro que otra pesada carga para la empresa ha sido las pensiones generosas que otorga a fue otorgando a lo largo de los años a los miembros del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

     Esas pensiones, junto con otros privilegios, los fue otorgando el gobierno para evitar algún problema con el Sindicato y para asegurar su lealtad, en materia de votos, a los gobiernos del PRI.

     Cualquier cambio en el sistema de pensiones de Pemex tendría que ser acordado entre la empresa y el sindicato. Un portavoz del sindicato no pudo ser contactado para hacer comentarios.

     Videgaray dijo que la propuesta abordaría una de las principales debilidades financieras de Pemex, que se prepara para competir con las grandes empresas globales, tales como Exxon, BP, etc.

     En un artículo publicado en el diario Milenio, el Secretario escribió que los pasivos de las pensiones por el importe que la empresa estatal debe desembolsar se estima en alrededor de 1.7 billones de pesos (131,000 millones de dólares), o casi el 10% del producto interno bruto.

     De acuerdo con la propuesta, el gobierno federal asumirá los pasivos de pensiones equivalentes a los ahorros realizados por Pemex a través de cambios en su sistema de pensiones.

     Los críticos del plan lo ven como pasar las deudas de Pemex a los contribuyentes, si bien que la compañía ha aumentado el tamaño de su fuerza de trabajo en la última década a pesar de que su producción de crudo cayera de 3.4 millones de barriles al día, a 2.5 millones en 2004.

     Los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes se oponen a la apertura del sector energético, cuestionaron la propuesta. El presidente del PRD, Jesús Zambrano, dijo en una manifestación contra la reforma en frente al Congreso que la propuesta es equiparable al polémico plan de rescate del sistema bancario a mediados de la década de 1990.

     Agregó que los gobiernos permitieron que los pasivos laborales que se acumularon en Pemex “ahora simplemente se asumen como la deuda pública que el pueblo de México va a pagar".

     Pemex, que reportó tener 155,000 empleados a finales de junio, no hizo comentarios sobre la propuesta actual.

     Videgaray dijo que Pemex enfrenta 38,000 millones de pesos (2,920 millones de dólares) este año en el pago de pensiones, y que por ser una empresa de propiedad estatal la transferencia de los pasivos no afectaría las finanzas públicas, ya que son prácticamente hoy responsabilidad del Estado.

     Los "pasivos de pensiones de Pemex son ya la deuda pública", dijo en una entrevista radiofónica en la estación Radio Formula.

     El secretario de Finanzas dijo que la propuesta es similar a una reforma del sistema de pensiones de trabajadores estatales en 2007 durante el gobierno anterior, en el que los trabajadores del sector público fueron cambiados desde el sistema de beneficios definidos a uno de cuentas de ahorro individuales para la jubilación.

     Para cubrir ese cambio, que era opcional para los trabajadores actuales, en 2008 el gobierno federal emitió bonos equivalentes a 2.4% del producto interno bruto para financiar las cuentas individuales.

    


Fecha de publicación: 28/07/2014