Senado aprueba 3er paquete de iniciativas sobre reforma energética, discute último

21 de jul. (Sentido Común) -- El Senado mexicano aprobó este lunes por la madrugada el tercero de los cuatro paquetes de iniciativas que buscan abrir el sector energético mexicano a los capitales privados --mexicanos y extranjeros-- por primera vez en más de tres cuartas partes de siglo.

     En esta ocasión, los senadores aprobaron dos nuevas leyes, una la Ley de Petróleos Mexicanos, que regulará el desempeño de esa empresa petrolera estatal, y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, que supervisará las labores de esa empresa eléctrica estatal.

     Hasta ahora esas dos compañías han sido monopolios en sus respectivos sectores, aunque en fechas recientes algunas empresas privadas han comenzado a participar en el sector eléctrico, aunque de manera limitada.

     Con las reformas, la única área que quedará bajo el control estatal será la transmisión del fluido eléctrico. El resto de actividades quedarán abiertas a la participación del sector privado.

     La aprobación del tercer paquete también incluyó  reformas a Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

     Así, con los tres paquetes aprobados, quedan ya sólo por discutir cinco nuevas leyes y cinco reformas a otras disposiciones legales.

     Hasta casi entrada la medianoche del lunes los senadores continuaban discutiendo el cuarto y último paquete de leyes para reinventar, modernizar y reestructurar la industria energética nacional.

     La aprobación de este conjunto de 21 iniciativas que envió al Congreso el presidente Enrique Peña Nieto a finales de abril será el acto de transformación más relevante de la economía mexicana de los últimos 20 años y el más relevante en materia política desde que el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera en 1938.

     Para quienes defienden las iniciativas de Peña Nieto, la reforma energética podrá detonar grandes inversiones en el país y catapultar a México como un centro de producción manufacturero altamente competitivo.

     Si bien hasta ahora el país ha logrado atraer inversiones millonarias por una mano de obra barata y calificada, así como por su cercanía geográfica al principal mercado del mundo, Estados Unidos, un elemento que ha frenado el desarrollo del país hasta ahora ha sido la falta de un suministro confiable y a precios razonables de combustibles.

     Con la reforma energética ese obstáculo será muy probablemente removido ya que con los cambios permitirán que por primera vez en los últimos 76 años empresas privadas puedan explorar y extraer crudo y gas.

     También las reformas abren a los capitales privados la producción, transporte, almacenaje y distribución de combustibles, mientras que, por último, empresas de energía privadas podrán también generar y vender electricidad directamente a los consumidores en al país por primera vez en casi 55 años.

     Hasta ahora el sector energético ha estado en manos del Estado. Las reformas ponen fin a ese modelo económico y harán que la industria energética nacional tenga finalmente una estructura similar a la de cualquier otra industria del país en donde pueden participar tanto empresas privadas como estatales.

     De acuerdo a algunas estimaciones, de aprobarse el paquete de iniciativas en materia energética, México podrá recibir cerca de 20,000 millones de dólares de inversión extranjera directa adicional cada año.

     Claro que para los opositores a las reformas, estas sólo entregan los recursos de la nación a empresas multinacionales, mexicanas o extranjeras, para beneficio de unos cantos y en perjuicio del resto de los mexicanos.

     Los opositores, aunque no tienen los votos suficientes para derrotar las reformas buscarán la autorización de la Suprema Corte para llevar a cabo una consulta popular vinculante para echar por tierra los cambios que ha aprobado el Senado y que muy probablemente apruebe también la Cámara de Diputados, donde los mismos partidos que han aprobado los cambios en el Senado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Ecologista de México (PVEM) cuenta con una amplia mayoría para aprobar los cambios.